La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dispuso suspender las obras del proyecto petrolero Sea Lion, situado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La medida alcanza a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y seguirá vigente hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente.
La resolución fue dictada en respuesta a una acción preventiva por posible daño ambiental colectivo, presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
La cautelar prohíbe iniciar o continuar perforaciones en el lecho y el subsuelo marino, instalar infraestructura submarina, tender conductos y líneas de flujo, poner en operación unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga, comenzar la extracción comercial y realizar obras terrestres o portuarias vinculadas con el emprendimiento.
Una evaluación aún pendiente
Entre los antecedentes que analizó Borruto se encuentra un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente. El organismo señaló que las empresas demandadas no habían presentado un aviso de proyecto ni iniciado el procedimiento de evaluación ambiental.
La jueza indicó que la normativa argentina exige una evaluación previa para las actividades que puedan degradar significativamente el ambiente. También aclaró que la cautelar no establece que Sea Lion vaya a causar necesariamente un daño ambiental. Consideró acreditado de forma preliminar que el proyecto avanzaba sin el proceso destinado a identificar sus posibles efectos y definir medidas para prevenirlos o mitigarlos. Para adoptar la decisión, aplicó los principios de prevención y precaución.
El avance del proyecto
Borruto afirmó que “el riesgo no es hipotético ni remoto” y advirtió que el avance de las obras podría generar situaciones difíciles de revertir antes de que se resuelva el fondo del caso. Entre los elementos revisados están la Decisión Final de Inversión, adoptada en diciembre de 2025; la contratación de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga y de equipos de perforación; y documentos que indicarían que ya comenzaron tareas de adaptación de infraestructura.
La magistrada consideró que aguardar el curso habitual del proceso podía reducir la eficacia de una eventual protección ambiental posterior. La documentación del expediente describe una etapa inicial con 23 pozos submarinos: 16 productores de petróleo, seis para inyección de agua y uno para inyección de gas. El plan también incluye infraestructura submarina, sistemas de control, líneas de flujo y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.
La demanda enumera posibles efectos sobre el lecho marino, contaminación química, ruido submarino, descargas operativas, tránsito marítimo, impacto en mamíferos y aves marinas, emisiones y eventuales derrames de hidrocarburos. El fallo diferencia esos riesgos de un daño ya comprobado y sostiene que las características y la escala del proyecto hacen necesaria una evaluación previa.
Ambiente y soberanía
La resolución también trató la cuestión de soberanía planteada por el CECIM. Borruto entendió que el reclamo no abarca únicamente los posibles efectos ambientales de la explotación offshore, sino también la defensa de la soberanía nacional, un interés colectivo y una cuestión federal.
La jueza señaló que, si bien las compañías están constituidas en el extranjero, el proyecto se desarrolla en espacios marítimos que, de acuerdo con la posición argentina, forman parte de su plataforma continental y están vinculados con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.
El CECIM y AAdeAA iniciaron la acción a comienzos de septiembre para solicitar que se frenara el proyecto y que las compañías cumplieran con la evaluación ambiental prevista en la legislación argentina. Días más tarde, el juzgado federal de Río Grande se declaró competente para intervenir.
Información y documentación requerida
Rockhopper y Navitas deberán informar el estado de Sea Lion dentro de los 10 días judiciales desde la notificación. La Justicia les pidió detallar los cronogramas de construcción, perforación e instalación; la situación de los pozos; los equipos contratados; los principales contratistas y subcontratistas; la estructura societaria; el financiamiento y las aseguradoras.
También deberán entregar estudios ambientales, análisis de riesgo, modelos de posibles derrames y planes de contingencia. Además, el fallo ordenó conservar la documentación técnica, ambiental, contractual, financiera y societaria relacionada con el proyecto.
La cautelar tiene carácter provisorio. A partir de la información que se incorpore y del avance del expediente, el juzgado podrá sostenerla, modificarla, ampliarla o dejarla sin efecto. Por el momento, las obras quedan suspendidas hasta que se realice la evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas y se adopte la decisión correspondiente.
El fallo se conoció mientras el Gobierno nacional anunciaba nuevas acciones legales contra empresas relacionadas con la exploración petrolera en aguas próximas a Malvinas y trabajaba en un proyecto para endurecer las sanciones a compañías que operen en las islas.