La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó la reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro por 37 votos a favor y 11 en contra, sin abstenciones. El proyecto recibió media sanción y ahora deberá tratarlo el Senado. El debate había sido postergado una semana por diferencias dentro de Unidos.
El paquete modifica el Código Procesal Penal y otras normas provinciales, entre ellas las leyes de inteligencia, de la Defensa Pública y orgánica de la Policía. Incluye cambios en la investigación de delitos, la posibilidad de realizar un juicio sin la presencia del acusado y las condiciones de detención de personas presas de alto perfil.
Los principales cambios
- Allanamientos urgentes. En los casos excepcionales previstos, podrían realizarse sin una orden judicial previa, con autorización del fiscal y bajo control judicial. La Policía no podría decidir por sí sola el ingreso a un domicilio.
- Juicio en ausencia. El debate podría continuar sin la presencia del acusado en los casos contemplados, siempre que se cumplan los requisitos fijados para aplicar esa modalidad.
- Presos de alto perfil. Se establece un régimen de detención más restrictivo para quienes sean incluidos en esa categoría. El cambio no modifica el régimen general de la población carcelaria.
- Inteligencia y recompensas. También se reforman las normas de inteligencia y el régimen de recompensas, herramientas que el Ejecutivo incluyó entre las medidas para fortalecer la investigación de delitos.
Qué quedó afuera
El acuerdo eliminó dos disposiciones que habían generado cuestionamientos durante la negociación. Una permitía, en determinadas circunstancias, tomar declaración a un imputado en una sede policial sin la presencia obligatoria de su abogado defensor. La otra proponía crear zonas de intervención especial en sectores afectados por situaciones graves de violencia, con atribuciones ampliadas para la Policía. Ninguna quedó en el texto aprobado.
La reforma llevaba alrededor de cinco meses en la Legislatura. Las conversaciones entre radicales y socialistas continuaron hasta cerca de la medianoche del miércoles. El jueves se reanudó el debate en el plenario de las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales, donde se acordó el dictamen que llegó al recinto. El texto incorporó cambios surgidos de la negociación y observaciones del Ejecutivo y de la Corte Suprema de Santa Fe.
El acuerdo no evitó los cruces durante la sesión. Antes, en la apertura de ExpoSeguridad en Rosario, Maximiliano Pullaro había reconocido las diferencias entre los socios de Unidos y admitido que el proyecto podía mejorarse. El jefe del bloque socialista, Joaquín Blanco, defendió las modificaciones porque, a su entender, reducen el riesgo de impugnaciones judiciales y permitieron sumar apoyos por fuera del oficialismo. También cuestionó a Federico Angelini y Cristian Cunha por sus críticas al socialismo durante la negociación. “El mejor aporte que se le puede hacer a un gobernador es no ser alcahuete”, lanzó.
“Nos quisieron poner que estábamos del lado del delito”, afirmó la socialista Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sostuvo que el texto incorpora herramientas contra el narcotráfico y el crimen organizado dentro de los límites de la Constitución provincial reformada en 2025. También destacó las consultas a organismos judiciales, colegios de abogados y asociaciones de víctimas. Desde la UCR, Martín Rosúa consideró que los cambios mejoraron el proyecto, aunque cuestionó la demora y defendió la necesidad de ampliar las herramientas estatales frente a las organizaciones criminales.
La mayoría del peronismo votó en contra. “Hay que ser implacable con los delincuentes, pero hay que ser cuidadosos con quienes son inocentes”, planteó Celia Arena. Lucila De Ponti preguntó qué emergencia justificaba las medidas excepcionales y sostuvo que, a su entender, algunas herramientas previstas vulneran tratados internacionales. También afirmó que el proyecto respondía a “una voluntad de hacer marketing con la política de seguridad”.
Desde el Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade definió a la Policía como el “sujeto tácito” de la reforma y calificó de “fenomenal retroceso democrático” el alcance de las facultades que le otorga el proyecto. El espacio de Amalia Granata, en cambio, acompañó la iniciativa en general después de los cambios introducidos en Diputados.
