La ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora del INTA y el Conicet en la Estación Experimental Balcarce, enfrenta un sumario administrativo por su trabajo como coordinadora argentina del Proyecto SPRINT. Su abogado, Mario Bolla, afirmó que el expediente propone la exoneración, la sanción más grave del empleo público nacional: si se aplica, Aparicio perdería su cargo y no podría volver a ingresar a organismos estatales.
Aparicio lleva más de veinte años trabajando en la Estación Experimental Balcarce. La investigadora considera que el proceso pudo haberse iniciado tras la difusión de los primeros datos del estudio, que analizó residuos de plaguicidas en el ambiente, los alimentos, los animales y las personas.
“Tenemos algunos plaguicidas que aparecen contundentemente en todas las matrices, en todas las muestras, tanto en suelo como en la sangre de los individuos, en la materia fecal, en la orina, en los hisopos nasales, en las pulseritas que les pusimos para usar, pero también en las matrices biológicas animales”, explicó Aparicio.
“Estamos conviviendo con plaguicidas. Y no es Argentina: conviven también los italianos, los de Países Bajos, los españoles”, agregó.
El proyecto SPRINT
La iniciativa obtuvo aprobación en el programa Horizon 2020 de la Unión Europea y empezó en septiembre de 2020. Argentina fue el único país participante que no pertenecía a la Unión Europea. En la primera etapa, el estudio buscó 209 plaguicidas en muestras de once países. En Argentina participaron 73 personas de ciudades, pueblos y establecimientos agropecuarios.
Los resultados se hicieron públicos en 2023. En junio de ese año, el INTA impidió que Aparicio difundiera las mediciones y suspendió una reunión prevista para compartirlas con las personas participantes. En diciembre, el organismo se retiró del proyecto.
El INTA y sectores del agro cuestionaron el enfoque europeo y expresaron preocupación por la posibilidad de que los datos afectaran a la agricultura convencional.
El sumario administrativo
Aparicio relató que, hacia fines de 2024, hubo consultas internas sobre su trabajo en SPRINT y que fue citada a declarar a comienzos de 2025. Según detalló Bolla, se le atribuyen ocho hechos, entre ellos un supuesto perjuicio material grave para la administración pública. La defensa rechaza esa imputación y plantea que el proyecto recibió financiamiento europeo.
La investigadora relaciona el sumario con la aparición de los resultados y describió un clima de aislamiento dentro del organismo: “parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”. Ella y su abogado consideran que la conducción actual ya resolvió la sanción y sostienen que tuvieron pocas oportunidades para ejercer su defensa.
El presidente del INTA es Nicolás Bronzovich, designado con vigencia desde el 3 de septiembre de 2025 mediante el Decreto 684/2025, después del rechazo del Congreso a la reestructuración del organismo.
El respaldo de APINTA
La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) manifestó su “preocupación” por la situación de Aparicio y denunció que atraviesa un escenario de “persecución, censura y silenciamiento” dentro del organismo.
“La investigación científica debe poder desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional”, sostuvo el gremio. También señaló que quienes investigan deben poder realizar su trabajo, comunicar los resultados y aportar conocimiento a la sociedad.
En otra publicación, titulada “Basta de persecución en el INTA”, APINTA volvió a expresar su apoyo a Aparicio y afirmó que los resultados de SPRINT fueron adversos en relación con la salud pública, particularmente para el sector productivo.
La organización lanzó una campaña de recolección de firmas en respaldo a la investigadora.
