El personal del Programa de Metrología Legal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) convocó a una concentración para rechazar su traslado a la Secretaría de Industria y Comercio. El reclamo se produce después de que el Gobierno publicara en diciembre del año pasado la Resolución 213/2025, que eliminó funciones centrales del programa y modificó el esquema de control público de instrumentos de medición.
La protesta está prevista para este martes a las 9 en el playón de ingreso del organismo, en Avenida General Paz 5445, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La convocatoria lleva la consigna “¡Del Inti no se llevan a nadie!” y cuestiona el pase, que los trabajadores consideran compulsivo, a la dependencia a cargo de Pablo Lavigne, dentro del área del ministro de Economía, Luis Caputo.
La semana pasada, el personal recibió la notificación durante una reunión encabezada por el director operativo del INTI, Daniel Loiacono, y delegados de la Junta Interna de ATE INTI.
La tarea que se le asignaría al equipo sería evaluar “ex post” los reglamentos técnicos de productos que ingresan al país. De acuerdo con la explicación que recibieron, la Secretaría está “desbordada” y los técnicos tendrían que resolver en seis meses más de 9.400 expedientes pendientes. Hasta el año pasado, el área verificaba surtidores, radares y alcoholímetros.
Los trabajadores indicaron que no recibirían capacitación específica antes de asumir esa tarea y que podría recurrirse a inteligencia artificial para analizar los casos. Personal autoconvocado advirtió sobre el “severo peligro” que, a su entender, implica la falta de controles sobre productos de consumo cotidiano.
También señaló que el área rechazó por unanimidad la propuesta, al considerar que el procedimiento no tiene rigor técnico y que realizarlo fuera del INTI, sin el aval de sus especialistas, representa un riesgo para la población.
Según afirmaron los trabajadores, el jueves recibieron un ultimátum del secretario general de ATE INTI, Francisco Dolmann, quien les habría dicho que debían cumplir la tarea encomendada porque “es una cuestión política”.
Luego de ese episodio, integrantes de distintos sectores se reunieron en una Asamblea Multisectorial y acordaron convocar a la concentración. En el reclamo, denunciaron un “cambio violento e ilegal de las condiciones de trabajo” y alertaron sobre los riesgos que atribuyen a la falta de controles para aprobar productos de consumo cotidiano.