Unas 20 familias, cerca de 50 personas en total, podrían tener que dejar sus viviendas en terrenos ferroviarios del Parque Federal por la construcción de la nueva Estación Policial, impulsada por la Provincia y el Municipio en el sector sur del espacio verde. Los vecinos afirman que viven allí desde hace más de 35 años y que tienen facturas de servicios a su nombre y documentos que respaldan su permanencia. También señalan que recibieron avisos verbales de desalojo de la empresa constructora, pero ninguna notificación formal de un organismo público.
El diputado provincial Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para solicitar al Poder Ejecutivo que “garantice una solución habitacional permanente” para las familias. El asentamiento está en el sector delimitado por Pedro Vittori, Belgrano y Luciano Torrent, en la zona sureste del Parque Federal.
La iniciativa cuestiona que no se haya contemplado “la situación habitacional y social de las familias integradas por adultos, niños y niñas y personas con discapacidad”, censadas, según el proyecto, en varias oportunidades durante los últimos años. Palo Oliver sostuvo: “La realización de una obra pública no otorga la facultad de ejecutar desalojos forzosos. Tampoco se puede justificar que una intervención del Estado provoque un agravamiento de la situación de vulnerabilidad social y habitacional de las familias, provocando desarraigo y ruptura de los vínculos construidos por las personas en materia laboral, educación, cobertura de salud y vivienda”.
El proyecto indica que los vecinos se enteraron de la posibilidad de un desalojo a través de “comunicaciones verbales por parte de personal de la empresa Capitel S.A”. El diputado afirmó: “Entendemos que la empresa constructora no es una autoridad pública ni posee facultades de coacción o habilitación para realizar intimaciones”. Además, planteó: “Esta forma de actuar del Estado genera una situación de indefensión jurídica. Además, la notificación verbal impide a las familias conocer la autoridad emisora, el fundamento legal, el expediente de origen y, fundamentalmente, les impide accionar para defender su situación”.
Pedidos en la Legislatura y el Concejo
En el Concejo Municipal, Gastón “Tati” Restagno presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo precise la “situación social, habitacional y dominial del asentamiento”. También pidió conocer si hubo notificaciones de desalojo y si existe un plan de reubicación o medidas para evitar una expulsión forzosa.
En los fundamentos, Restagno describió la “angustia e indefensión” de las familias, que, según indicó, fueron “conminados a desocupar y desalojar sus hogares en un plazo perentorio de apenas veinte días”. Cuestionó que se busque “arrasar con viviendas y talleres familiares sin ofrecer una sola respuesta institucional” y afirmó: “La seguridad ciudadana jamás puede construirse a costa de la violencia institucional ni del atropello a los derechos fundamentales de nuestros vecinos”.
Sergio Ríos, uno de los vecinos, resumió su preocupación: “no saber qué va a ser de nuestro futuro”. “Yo hace 30 años que estoy viviendo acá, tengo mi taller, hay otras familias que tienen más antigüedad que yo incluso, porque sus padres eran ferroviarios; muchos de nosotros contamos con los permisos que que nos otorgaron en su momento las autoridades ferroviarias”, señaló.
Ríos dijo que no recibieron información oficial “ni de la Provincia ni de la Municipalidad”. Contó que algunos vecinos fueron a la Defensoría del Pueblo y a Hábitat, pero no consiguieron respuestas. “Algunos dicen que nos van a reubicar, pero hasta el momento no tenemos ninguna noticia”, agregó.
