Dos inmuebles de French al 2000, investigados como puntos de venta de drogas y por su presunta relación con el Clan Riquelme, fueron derribados este jueves. La causa incluye tres homicidios, una tentativa de homicidio, usurpaciones y amenazas que, según la acusación, estarían vinculados con disputas territoriales y la comercialización de estupefacientes.
Los procedimientos fueron supervisados por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, se inactivaron 92 puntos en Rosario y 152 en toda la provincia.
Los derribos se enmarcan en la Ley de Microtráfico, vigente desde principios de 2024. La norma habilita la inactivación de lugares destinados a la venta de estupefacientes y de propiedades vinculadas con hechos de violencia altamente lesiva. En su aplicación intervienen el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia y la Policía santafesina, con colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.
El secretario de Seguridad provincial, Omar Pereira, señaló que las medidas fueron resultado de una investigación compleja, en la que trabajaron de manera coordinada las unidades de Violencia Altamente Lesiva y de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI). Según sostuvo, los inmuebles eran centros de violencia en el barrio.
Pereira también aludió a la presunta participación de un abogado en la estructura investigada y afirmó: “Es una realidad lamentable que muestra cómo el narcotráfico involucra a distintos actores para desarrollar su actividad”.
Homicidios y disputas territoriales
La fiscal Mercedes Banchio informó que las personas investigadas fueron imputadas por asociación ilícita. La pesquisa, explicó, identificó una estructura dedicada a la comercialización organizada de estupefacientes y varios episodios de violencia que estarían relacionados con disputas por el territorio.
La Fiscalía investiga una nueva asociación presuntamente integrada por Francisco Riquelme, quien está detenido, su hijo Ezequiel y otras personas. La hipótesis sostiene que habrían intentado conservar los puntos de venta de French al 2000 y otros de la zona. Banchio indicó que el análisis de tres homicidios permitió establecer el inicio de la presunta asociación ilícita.
La fiscal Marina Vigo precisó que la causa comenzó con el homicidio de una persona de apellido Sosa. A medida que avanzó la investigación se incorporaron otros episodios: en total, se analizan tres asesinatos, una tentativa de homicidio y distintos hechos de violencia altamente lesiva.
También se investigan usurpaciones y amenazas calificadas. De acuerdo con la hipótesis fiscal, esos hechos habrían buscado desplazar de sus viviendas a quienes las ocupaban para quedarse con los inmuebles y destinarlos a la venta minorista de estupefacientes.
El abogado acusado de actuar como enlace
Vigo indicó que Ezequiel Riquelme fue imputado como presunto organizador territorial de la estructura. Además, señaló que un abogado de Buenos Aires está acusado de ser el enlace entre Francisco Riquelme, alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, su hijo y otros integrantes de la organización.
Según la hipótesis de la Fiscalía, el abogado habría triangulado comunicaciones para transmitir órdenes desde la cárcel federal a quienes operaban en el territorio. Esa presunta intermediación forma parte de la acusación sobre el funcionamiento de la banda.
El fiscal Diego Giro sostuvo que la investigación avanzó sobre distintos niveles de la estructura. Más de quince personas fueron imputadas, entre ellas quien sería el jefe de la organización y el abogado señalado como enlace con quienes actuaban en los barrios.
