Los dos socios de la agencia de autos MotorSport quedaron en prisión preventiva en una causa que investiga 67 presuntos hechos de estafas reiteradas. Una tercera imputada continuará el proceso en libertad, aunque con restricciones.
La audiencia se realizó este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, ante la jueza María de los Ángeles Granato. El fiscal Iván Enríquez imputó a Juan Gabriel A., de 36 años; Eduardo Atilio E., de 40; y Noelia Inés E., hermana de este último. La acusación les atribuye los hechos como coautores.
Las operaciones investigadas se habrían concretado desde el local que funcionó en San Martín al 2600. Según la Fiscalía, a través de Rosario Motorsport SAS se ofrecían autos usados y cero kilómetro a precios competitivos y con facilidades de pago, con el objetivo de captar clientes y generar confianza en que las operaciones se cumplirían.
Una de las modalidades denunciadas consistía en recibir pagos en pesos o dólares, transferencias y vehículos usados como parte de pago, sin entregar las unidades acordadas. Entre los damnificados hay personas que entregaron su auto y abonaron una diferencia con la promesa de recibir un cero kilómetro, en algunos casos en un plazo aproximado de 40 días.
En otras operaciones, los propietarios dejaban sus vehículos en consignación. La investigación sostiene que desde la agencia les comunicaban que los autos habían sido vendidos y les hacían firmar la documentación correspondiente, pero después no les entregaban el dinero.
Para la Fiscalía, los imputados recibían los bienes y el dinero sabiendo que no cumplirían con lo pactado. Las dificultades comenzaron a hacerse visibles durante los primeros meses del año y las denuncias aumentaron en agosto, cuando el conflicto tomó estado público. En ese momento, abogados de los clientes señalaron que los reclamos superaban el centenar.
Por otra parte, el Juzgado Civil y Comercial Nº 10 de Rosario rechazó el pedido de concurso preventivo presentado por Alegre y Escarcelo. En esa solicitud, los socios habían señalado que la cesación de pagos comenzó el 4 de junio. La investigación penal sigue abierta para establecer el alcance de las maniobras denunciadas y determinar si corresponde ampliar la acusación.
