El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe y Tramas Derecho en Movimiento rechazaron los proyectos de seguridad impulsados por el gobernador Maximiliano Pullaro y sostuvieron que representan “un ataque a los derechos de la ciudadanía”.
El paquete incluye modificaciones al Código Procesal Penal de Santa Fe y a las leyes de seguridad pública nº 7.395, 10.703, 13.494,14.243 y 14.246. En las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y Diputadas provincial, las entidades calificaron las reformas de “fatalmente inconstitucionales” y “de la más baja calidad profesional e institucional”.
En un documento conjunto, advirtieron que “Bajo un discurso de emergencia, eficiencia y seguridad, la reforma aumenta la prepotencia policial a la vez que desmantela el derecho de defensa transformando una garantía constitucional obligatoria en una carga individual de la persona detenida”. Entre sus objeciones, señalaron:
- El derecho a la defensa. Las organizaciones cuestionaron que las fuerzas de seguridad puedan interrogar a personas sospechosas durante detenciones de hasta 48 horas sin la presencia obligatoria de una abogada. En el documento afirmaron: “Al permitir que las fuerzas de seguridad interroguen a personas sospechosas en la vía pública o en dependencias estatales durante detenciones de hasta 48 horas sin la presencia ineludible de una abogada, el Estado renuncia deliberadamente a su rol de garante. Ello nos remonta a prácticas represivas de la última dictadura cívico-militar, frente a las cuales la democracia construyó límites al poder estatal para impedir que la detención y el interrogatorio se convirtieran nuevamente en espacios de arbitrariedad, coacción e indefensión”.
- Las zonas de intervención policial especial. El Foro y Tramas alertaron sobre la creación de estas áreas, que describieron como un “estado inconstitucional de excepción por decisión de un funcionario de la gobernación”. Su documento sostiene: “El avasallamiento se extiende de manera colectiva mediante la creación de 'zonas de intervención policial especial', aplicando un estado de excepción que suspende las garantías constitucionales en barrios específicos bajo nociones ambiguas como la 'alta conflictividad', poco claras y sin parámetros. Al transformar el territorio en un escenario de sospecha generalizada, la reforma disuelve el principio de inocencia y coloca a toda la comunidad —incluyendo a referentes sociales y a cualquier vecina— bajo una lógica de vigilancia e inteligencia digital preventiva sin imputación formal. El derecho de defensa queda completamente anulado cuando facultades extremas, como arrestos de hasta 30 días por violar disposiciones locales o allanamientos masivos en perímetros delimitados, se ejecutan bajo una total discrecionalidad policial y sin la intervención previa de un/a juez/a”.
- Más vías de condena. Las entidades cuestionaron la “Multiplicación de condenas 'a las personas menos influyentes con prescindencia de conocer la realidad de los delitos y sus responsables'”. En el texto plantearon: “Cuando el conflicto llega a las oficinas judiciales, el avasallamiento se formaliza mediante la consagración de la condena sin juicio justo. A la masificación del procedimiento abreviado que se ha impulsado en nuestra provincia. se le agrega ahora dos vías más de condena exprés: el juicio y condena en ausencia, y la condena por decreto. La propuesta fiscal para lograr un procedimiento abreviado, lejos de ser un acuerdo voluntario, funciona como un mecanismo de extorsión institucionalizado para disciplinar a los eslabones más débiles de la sociedad y legitimar el encarcelamiento masivo y el vaciamiento de los derechos fundamentales, utilizando la prisión preventiva como la principal herramienta de coacción para anular el derecho constitucional a un juicio justo, regresando de esta manera al modelo inquisitivo que supuestamente quería dejarse atrás”.
- El régimen carcelario. El Foro y Tramas lo definieron como un “espectáculo demagógico” y objetaron el endurecimiento de las condiciones para las personas detenidas. “El eslabón final de esta cadena de violencia institucional se ejecuta intramuros, a través del endurecimiento del régimen de alto perfil y la incorporación de criterios cada vez más ambiguos sobre las posibilidades de intervención penitenciaria sobre el cuerpo de las personas detenidas. Esta violencia legalizada despoja a quien está detenido de su condición de sujeto de derechos, transformando la ejecución de la pena en un ámbito de arbitrariedad administrativa exento de las garantías más básicas del debido proceso. La construcción de cárceles bajo el nombre explícito de 'El Infierno' y la difusión mediática de imágenes degradantes de cuerpos en fila replican discursos globales de escarnio público orientados a canalizar el descontento social a través del abuso simplista y cobarde de la violencia estatal”.
Para ambas organizaciones, la propuesta “consolida un modelo donde la seguridad pública se confunde deliberadamente con la validación de la violencia institucional: más detenciones, más restricciones en la calle, condiciones más difíciles para ejercer el derecho de defensa una vez detenido, juicios abreviados, sobrepoblación y castigo al interior de la cárcel”.
También sostuvieron que “Al erosionar el control judicial, debilitar el derecho de defensa y transformar el castigo en degradante, el Estado santafesino se aleja de los estándares internacionales de derechos humanos”. Por último, reclamaron “debatir seriamente políticas que con debido coraje y compromiso enfrenten de modo efectivo y perdurable a las organizaciones que fatalmente perjudican las condiciones de vida de la ciudadanía santafesina”.
