Con 18 votos a favor y 10 en contra, el Concejo Municipal de Rosario aprobó una ordenanza que regula aplicaciones de transporte como Uber y DiDi. Acompañaron la iniciativa Unidos y La Libertad Avanza; el peronismo y otros sectores de la oposición votaron en contra. Durante el debate hubo cuestionamientos sobre los controles y la seguridad de los pasajeros.
La normativa encuadra la actividad como un servicio de movilidad privado y habilita a las plataformas a vincular usuarios con taxis, remises y vehículos particulares autorizados. No fija una tarifa mínima ni crea una tasa municipal específica para las aplicaciones.
Las empresas deberán anotarse en el Registro de Plataformas Electrónicas de Transporte y sus autorizaciones tendrán una duración de cinco años. También tendrán que informar al Ejecutivo municipal el registro de conductores y vehículos, y remitir periódicamente al Ente de la Movilidad datos anonimizados sobre viajes, recorridos, distancias y duración de los trayectos.
Quienes conduzcan deberán tener licencia profesional. Las personas que hoy cuenten con categoría B1 tendrán seis meses para obtener la D1 y podrán pedir una prórroga por otros seis meses, por lo que el plazo de adecuación podrá extenderse hasta un año.
Los vehículos deberán tener al día la Verificación Técnica Vehicular o la Revisión Técnica Obligatoria correspondiente al transporte de pasajeros, además de un seguro que cubra esa actividad. En el interior deberán exhibir la identificación de la plataforma y un código QR con datos del vehículo y de quien conduce.
La ordenanza condona las multas anteriores a su sanción vinculadas con esta actividad, tanto las aplicadas a vehículos particulares como a taxis y remises. Además, habilita a los taxistas a trabajar mediante aplicaciones como Uber. Cada plataforma establecerá el precio de los viajes de acuerdo con su esquema y la oferta y la demanda.
El transporte de pasajeros en motos quedó excluido. La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, explicó que la decisión responde a la falta de seguros específicos y a disposiciones nacionales que encuadran esta modalidad en vehículos de cuatro ruedas. Desde La Libertad Avanza anticiparon que presentarán un proyecto para habilitar Uber Moto y reabrir el debate.
La concejala Fernanda Gigliani votó en contra y planteó dudas sobre la seguridad de los usuarios, las coberturas ante siniestros viales y la capacidad de fiscalización. Preguntó cómo se verificará que la persona o el vehículo que llega a buscar a un pasajero coincida con la información de la aplicación. Aclaró que su postura no está dirigida contra los choferes ni contra quienes usan estas opciones para trasladarse.
Por La Libertad Avanza, la concejala Anabel Encina defendió la aprobación y destacó el rol de su bloque en el impulso de la iniciativa. “La Libertad Avanza está corriendo la agenda de la ciudad”, sostuvo. También vinculó la medida con la reducción de tasas y regulaciones que promueve su espacio y afirmó que habilitar las plataformas beneficia a los usuarios.
Leonardo Caruana también votó en contra y cuestionó el esquema de control. “No estamos en contra de las aplicaciones. Estamos en contra de una forma de regularlas”, expresó. Defendió la intervención municipal para garantizar información y derechos, y advirtió que las dificultades del Estado para acceder a los datos de quienes prestan el servicio pueden debilitar la fiscalización.
