El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó este jueves al juez federal Gastón Salmain por mal desempeño. La diputada provincial Lionella Cattalini respaldó la decisión, a la que definió como “un límite necesario”, y reclamó controles efectivos sobre los magistrados.
El jurado consideró que Salmain omitió información sobre su trayectoria al postularse para el cargo. En concreto, no informó que había sido expulsado del Poder Judicial en 2002, en un caso relacionado con un supuesto ofrecimiento de dinero para alterar un sorteo de causas cuando trabajaba en el fuero de la Seguridad Social.
“Los santafesinos sabemos muy bien el daño que pueden causar los jueces federales corruptos y el costo que eso tiene para toda la sociedad. Nos merecemos una Justicia Federal que esté a la altura de sus responsabilidades, que actúe con transparencia y en la que no haya lugar para privilegios ni protección corporativa”, expresó Cattalini.
Con la destitución, Salmain perdió la inmunidad de arresto. A partir de eso, el juez federal Carlos Vera Barros ordenó hacer efectiva la prisión preventiva domiciliaria con vigilancia electrónica que pesaba sobre él.
La medida se vincula con la causa “Attila Fideicomiso SRL”. Allí, el exmagistrado está acusado de favorecer a un fideicomiso para transferir 10 millones de dólares al exterior durante las restricciones cambiarias, a cambio de una presunta coima de 200 mil dólares. Su procesamiento se dictó en diciembre de 2025 y la Cámara Federal de Rosario lo confirmó en marzo de este año.
Salmain también enfrenta otra causa que fue elevada a juicio oral. En ese expediente se lo acusa de haber usado presuntamente su cargo para obtener información sobre la investigación penal en la que estaba imputado. La responsabilidad penal deberá determinarse en esos procesos, independientes del procedimiento que terminó con su remoción.
Cattalini calificó la destitución como “una señal institucional muy importante hacia la sociedad” y planteó que la independencia judicial debe ir acompañada de controles y de la obligación de los magistrados de responder por sus actos.
“Nadie está por encima de la ley. Mucho menos quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia. Cuando existen motivos para apartar a un magistrado de su función, las instituciones deben actuar con firmeza y demostrar que los controles no son una formalidad, sino una garantía para toda la sociedad”, afirmó.
La legisladora sostuvo que las reglas deben aplicarse sin excepciones y concluyó: “La destitución de Salmain debe ser una señal clara de que las conductas incompatibles con la función judicial tienen consecuencias y de que ningún cargo puede convertirse en un escudo”.
