El Senado de Santa Fe dio media sanción este jueves, por unanimidad de los legisladores presentes, a un proyecto del Poder Ejecutivo para crear un sistema de prevención y protección frente a la violencia de género. La iniciativa ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados provincial.
El proyecto ordena la respuesta estatal según la gravedad de cada situación y establece obligaciones para las autoridades judiciales. También incluye tobilleras duales, asistencia jurídica urgente, un registro digital unificado y recursos para cubrir necesidades inmediatas de las víctimas. La sesión se realizó con el quórum justo. Los senadores justicialistas Alcides Calvo y Rubén Pirola respaldaron la propuesta, que incorporó planteos de ese bloque durante las conversaciones con el oficialismo.
El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, afirmó: “Sentíamos la necesidad de abrir el diálogo para que todos los bloques puedan hacer su aporte y que el proyecto sea aprobado por unanimidad, a pesar de que haya miradas distintas”. Explicó que hubo una reunión con ministros, senadores y diputados, además de intercambios con representantes del PJ.
Tras la votación, Michlig cuestionó que el debate debiera resolverse rápidamente para no perder el quórum y reclamó más compromiso del oficialismo. “Somos catorce senadoras y senadores de Unidos para Cambiar Santa Fe, casi el 74% de los integrantes. No podemos terminar una sesión a las apuradas, contando cuántos somos para tener el cuórum”, sostuvo.
El senador recordó que la Cámara sesiona dos veces al mes y pidió a sus pares sostener en la actividad legislativa el mismo compromiso que en el trabajo territorial. Entre los ausentes estuvieron los oficialistas Julio “Paco” Garibaldi, Orfilio Marcón, Esteban Baumgartner y Germán Giacomino, y los justicialistas Armando Traferri, Osvaldo Sosa y Eduardo Rosconi. “Como nos esmeramos y recorremos para dar respuesta a quienes representamos, también tenemos que venir aquí”, expresó Michlig, senador por San Cristóbal.
Cuatro niveles de riesgo y monitoreo electrónico. La propuesta clasifica las situaciones de violencia de género en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico. La evaluación definirá las medidas de protección y permitirá modificarlas según cómo evolucione cada caso.
En los niveles alto y crítico, el monitoreo electrónico de la víctima y del agresor será la regla general. Los jueces podrán resolver de otro modo si fundamentan su decisión. El texto también dispone que el Estado actúe ante alertas validadas técnicamente, sin exigir que la persona en riesgo confirme el pedido de asistencia.
Para los casos más graves, se contempla el retiro o secuestro preventivo de armas de fuego. Entre las medidas que podrán disponer los jueces figuran restricciones de acercamiento, exclusión del hogar, perímetros dinámicos, dispositivos de alerta y acciones frente al hostigamiento digital. Si se incumplen las disposiciones, se podrá reevaluar el nivel de riesgo y adoptar otras decisiones judiciales. De forma excepcional, se incorpora un arresto conminatorio de carácter procesal y temporal.
Registro y asistencia urgente. El proyecto propone crear un registro digital unificado de denuncias y medidas de protección para facilitar el intercambio de información entre organismos y evitar respuestas fragmentadas, con resguardo de los datos personales. También establece que los agentes estatales deberán intervenir de inmediato y priorizar la protección de la víctima. En el ámbito judicial, busca que las autoridades de todos los fueros respondan de manera ágil y efectiva.
Para facilitar el acceso a las medidas de protección, se prevé un procedimiento simplificado y asistencia jurídica gratuita y urgente. La iniciativa prohíbe las mediaciones y conciliaciones, y propone crear un equipo especializado en el Ministerio Público de la Defensa para acompañar a las víctimas.
Otro componente es un fondo de asistencia de emergencia destinado a gastos de traslado, alojamiento temporal, cambio de cerraduras y medidas de seguridad en las viviendas. El texto también incorpora disposiciones para niños y adolescentes expuestos indirectamente a situaciones de violencia.
Las intervenciones durante el debate. El senador Esteban Motta sostuvo que la fragmentación institucional condicionó las respuestas ante la violencia de género y planteó que la protección de las víctimas debe estar por encima de las diferencias ideológicas. También señaló que el proyecto alcanzó la media sanción una semana después de su ingreso.
El presidente de la Comisión de Seguridad, Ciro Seisas, afirmó que una de cada cuatro llamadas al 911 está relacionada con situaciones de violencia de género. Indicó que el Departamento Rosario concentra 20 de los 37 femicidios mencionados y que durante el último año se registraron más de 6700 consultas en el sistema de atención de denuncias en materia de inseguridad.
Rubén Pirola valoró la incorporación de herramientas tecnológicas y dijo que el oficialismo aceptó una propuesta justicialista para que la coordinación quede a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. El proyecto había sido anunciado en septiembre por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini. Con la media sanción del Senado, la Cámara de Diputados deberá tratarlo para que pueda convertirse en ley.
