La Cámara de Diputados no alcanzó el quórum este jueves para debatir el rechazo del DNU 70/2023 y proyectos sobre discapacidad y endeudamiento. Los bloques peronistas y otros sectores de la oposición reunieron 121 legisladores, ocho menos que los 129 necesarios. En total, hubo 136 ausentes.
La Libertad Avanza y el PRO no ocuparon sus bancas. Tampoco concurrieron diputados de espacios provinciales y de Provincias Unidas, entre ellos los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez, cercanos al gobernador Maximiliano Pullaro.
La sesión había sido convocada el mismo día que la Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, donde se reclamó el cumplimiento de la ley de financiamiento. La falta de quórum dejó sin tratamiento las iniciativas y expuso diferencias entre legisladores de una misma bancada.
La explicación de Scaglia. Tras la caída de la sesión, la diputada justificó su ausencia. “No había ninguna consecuencia positiva para la gente”, sostuvo. A su entender, rechazar el decreto completo podía revertir medidas que considera favorables, entre ellas los cambios sobre alquileres, comercio, transporte aéreo y comunicaciones satelitales.
“Tumbar el DNU era un problema para todos los argentinos”, afirmó. También caracterizó la convocatoria como una iniciativa del peronismo para desgastar al gobierno de Javier Milei y marcó distancia de ese espacio: “No me van a encontrar nunca con el kirchnerismo”. Entre los ausentes también estuvieron legisladores de Argentina Federal y los tres integrantes de Independencia, bloque que responde al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.
La ley de tierras. En las conversaciones previas a la sesión se discutió la derogación de la ley de tierras, incluida en el DNU 70/2023. El decreto eliminó las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una medida que también quedó involucrada en disputas judiciales.
Esta semana, el oficialismo obtuvo un dictamen de mayoría para anular el artículo 154 del decreto y restablecer la vigencia de la ley. La modificación se incorporó al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que cuenta con media sanción del Senado y todavía debe debatirse en Diputados.
Núñez firmó el dictamen para alcanzar las 34 adhesiones requeridas en el plenario de comisiones. Scaglia defendió esa intervención y sostuvo que la incorporación del cambio se consiguió por la insistencia de su sector. Ese entendimiento fue uno de los argumentos de quienes consideraban innecesario rechazar el DNU en su totalidad.
Discapacidad y endeudamiento. Los proyectos sobre esos asuntos también quedaron pendientes. El oficialismo propone tratarlos el 21 de octubre, con iniciativas distintas de las impulsadas por la oposición.
Para discapacidad, La Libertad Avanza y sus aliados plantean una norma que reemplace la emergencia. Scaglia sostuvo que una ley debe establecer cómo se actualizará el nomenclador de prestaciones y cuestionó los resultados de la herramienta vigente. En cuanto a las deudas, ella y Núñez comparten la postura oficial de priorizar que se informe sobre las condiciones de los créditos bancarios y de las billeteras virtuales, sin que el Estado rescate esas obligaciones.
Diferencias en Provincias Unidas. La decisión de Scaglia y Núñez contrastó con la de los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías, quienes firmaron la convocatoria y estuvieron presentes en el recinto. En redes sociales, Paulón cuestionó a los aliados del Gobierno que no dieron quórum y denunció el accionar de las fuerzas de seguridad contra participantes de la Marcha Federal Universitaria.
Scaglia reconoció que existen diferencias dentro del bloque, aunque aseguró que sus integrantes respetan las distintas posturas. La sesión dejó en evidencia las dificultades para acordar una posición común entre diputados vinculados a distintos gobernadores y fuerzas políticas.
La ausencia de los legisladores cercanos a Pullaro se dio mientras la Casa Rosada y las provincias mantienen conversaciones sobre el presupuesto 2027 y una posible modificación del sistema de primarias. Esas negociaciones forman parte del vínculo político entre ambas administraciones, pero no implican por sí solas un acuerdo electoral.