La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal aceptó una queja del Estado nacional y dispuso revisar si sigue vigente la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución lleva las firmas de los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán. El tribunal sostuvo que el Estado afrontaba un "perjuicio irreparable" si debía acatar una orden cuya vigencia está en discusión.
El expediente se inició con un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), luego del recorte de fondos dispuesto por Javier Milei mediante el Decreto 759/25. La Cámara aclaró que todavía no definió si el Ejecutivo cumplió con las partidas. En oficinas oficiales, la decisión fue interpretada como una posibilidad de suspender las transferencias salariales pendientes.
Los magistrados también dejaron sin efecto, de manera temporal, la intimación que fijaba un plazo de cinco días para actualizar los salarios universitarios, bajo apercibimiento de multas diarias.
En su presentación judicial, el Gobierno afirmó que los aumentos salariales concedidos entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la inflación. Los sindicatos docentes, por su parte, denuncian una pérdida del poder adquisitivo.
El expediente volverá al juzgado de primera instancia para continuar su trámite. La resolución se conoció días después de movilizaciones en distintos puntos del país para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La semana anterior, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el Decreto N°759/2025, firmado por el presidente Javier Milei, y volvió a ordenar al Gobierno que transfiriera fondos a las universidades nacionales.
