Trabajadores y trabajadoras de prensa de distintas provincias se movilizaron esta semana frente al Congreso de la Nación y reclamaron que el Senado trate iniciativas sobre la continuidad de la Ley 12.908, el Estatuto del Periodista. La norma tiene prevista su derogación para el 1° de enero de 2027.
La jornada fue convocada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y contó con la participación de representantes de carreras universitarias de comunicación, organizaciones de derechos humanos y entidades civiles. La consigna fue «No vendan el Estatuto del Periodista».
Las organizaciones exhibieron frente al Congreso una bandera con el mensaje: «Senadores, diputados: no vendan el Estatuto del Periodista, la libertad de expresión y el derecho a la información». Además, presentaron un pedido ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por Carmen Álvarez Rivero, para que convoque a una reunión urgente y trate los proyectos.
El secretario general de SiPreBa, Agustín Lecchi, cuestionó que la comisión no se haya reunido nuevamente desde la sanción de la reforma laboral. «Las y los senadores que muchas veces hablan de la regulación laboral no están haciendo su laburo», afirmó.
Por su parte, la secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi, vinculó el debate con los ataques a la libertad de expresión y las condiciones de trabajo en los medios. Sostuvo que, si se deroga la ley, el sector quedaría más expuesto a presiones políticas y económicas de las empresas periodísticas. También señaló que la libertad de prensa en el mundo cayó a su nivel más bajo de los últimos 25 años.
Qué establece la Ley 12.908
Sancionada en 1946, la Ley 12.908 regula específicamente el ejercicio del periodismo en Argentina. Comprende a trabajadores de diarios, revistas y agencias de noticias, así como a quienes cumplen tareas periodísticas en medios audiovisuales.
El estatuto establece categorías profesionales y disposiciones sobre jornadas y condiciones laborales. Incluye, además, mecanismos de estabilidad e indemnizaciones especiales por despidos injustificados. En su artículo 5 dispone que la matrícula profesional no puede negarse ni retirarse por las opiniones expresadas por un periodista.
El artículo 38 define la estabilidad del periodista profesional como una base esencial del estatuto. A su vez, el artículo 39 suma a la compensación por antigüedad una indemnización especial equivalente a seis meses de sueldo cuando el despido es injustificado.
La Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada en febrero de 2026, incluyó la derogación de la Ley 12.908. El artículo 197 establece que la abrogación comenzará a regir el 1° de enero de 2027.
Los sindicatos advierten que la eliminación del estatuto, sin una regulación específica que lo reemplace, dejaría al sector sin protecciones construidas durante décadas. Describen ese escenario como uno marcado por la precarización, los despidos y la concentración empresarial.
Los proyectos en el Congreso
En septiembre ingresó en Diputados el proyecto 4953-D-2026, presentado por el diputado Sebastián Galmarini junto con otros legisladores de Unión por la Patria. La iniciativa propone derogar los artículos de la reforma laboral que eliminaron los estatutos especiales y restablecer la Ley 12.908. También prevé protecciones para el personal administrativo de empresas periodísticas y agencias de noticias.
El texto propone crear una mesa de trabajo para actualizar los estatutos del sector y debatir los cambios tecnológicos y laborales de la actividad, entre ellos el teletrabajo, las plataformas digitales y la inteligencia artificial.
El Senado ya había tenido instancias de discusión sobre el tema. En septiembre, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión recibió a representantes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) para debatir la elaboración de un nuevo Estatuto del Periodista Profesional. En junio participaron de la presentación de una propuesta normativa representantes de FATPREN, SiPreBa, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN) y la Asociación de Prensa de Santa Fe, entre otras organizaciones.
Quiénes acompañaron el reclamo
Adhirieron a la convocatoria el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), Periodistas Argentinas, la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS), la Red de Carreras de Comunicación Social (REDCOM) y la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
También estuvieron los senadores Mariano Recalde, Marcelo Lewandowski, Jimena López, Ana Inés Marks y María Teresa González, el diputado nacional Esteban Paulón y el legislador porteño Gabriel Solano.
Las entidades convocantes plantean que la defensa del estatuto excede una demanda sectorial y que las condiciones laborales de quienes producen información inciden en la posibilidad de investigar, informar y publicar sin condicionamientos económicos o políticos. A menos de dos meses de la fecha prevista para la derogación, buscan que el Congreso discuta una alternativa legislativa.
