El proyecto para reformar la Ley Nacional de Salud Mental obtuvo media sanción en el Senado. La psicóloga Juliana Revelles, licenciada en Psicología, especialista en Salud Mental e integrante de Metáfora, cuestionó las modificaciones sobre internaciones, diagnósticos y financiamiento. A su entender, podrían debilitar el enfoque de derechos humanos de la norma vigente.
Revelles sitúa el debate en un escenario que describe como de aumento de los padecimientos de salud mental y de las muertes por suicidio. También pone en duda que la reforma responda a la situación de pacientes y familias que quedarían desamparados. Como ejemplo de ese argumento, cita: “Lo hacemos por vos, por tu familia, por la mamá de Chano”.
La psicóloga menciona una publicación de Gordo Dan, a quien presenta como “la voz digital” del presidente, y considera que allí se sintetizan algunas medidas incluidas en el proyecto.
Diagnósticos y abordajes
Entre los cambios que señala, Revelles incluye el fortalecimiento de los centros de especialidades y de los hospitales monovalentes. También cuestiona que se elimine la referencia a la Declaración de Caracas, que —según explica— proponía como horizonte evitar la apertura de establecimientos de ese tipo. Para la psicóloga, la modificación volvería a poner en valor el encierro como recurso terapéutico.
Otra objeción apunta al reemplazo de la noción de “padecimiento” por la de “trastorno”. Revelles sostiene que el primer concepto permite contemplar el vínculo entre una persona y sus condiciones de vida, mientras que el segundo centra la mirada en el individuo. Advierte que interpretar el malestar como un problema separado de su contexto puede trasladar a cada persona la responsabilidad por lo que atraviesa.
Para ilustrar el planteo, relata el caso de un paciente de 47 años que no tenía antecedentes previos en salud mental y consultó por insomnio, taquicardia, ideas de muerte y desesperanza. Los síntomas, según el relato, aparecieron luego de cambios en sus condiciones laborales y salariales. Trabajaba entre 12 y 14 horas por día, con horarios rotativos, y después manejaba para Uber para pagar deudas con Mercado Pago. Cuando pidió una licencia en salud laboral, recibió el diagnóstico de “trastorno de desadaptación” y una indicación farmacológica. Revelles plantea si la situación debe leerse como una dificultad individual para adaptarse o en relación con las condiciones de trabajo.
La psicóloga también cuestiona las referencias despectivas a Franco Basaglia. Considera que desestimar su trayectoria deja de lado la historia de las prácticas de salud mental. En ese marco, cita a Enrique Carpinteros, quien las describió como “destructores de la historia”, y recuerda que el encierro, el diagnóstico y la culpabilización se utilizaron en distintos momentos como formas de abordaje, con consecuencias que caracteriza como vidas arrasadas y cuerpos torturados.
Revelles sostiene que la reforma podría revertir aspectos de la Ley 26.657, que define como pionera en los procesos de desmanicomialización y en la incorporación de la perspectiva de derechos humanos. También señala que hubo quienes calificaron la iniciativa como una “Reforma fascista”.
La autora reconoce que los argumentos favorables a los cambios tuvieron eco en parte de la población y abre preguntas sobre cómo se comunicaron las políticas y prácticas de salud mental, qué sectores quedaron afuera del debate y qué cuestiones deberían revisarse. Además, relaciona la discusión con la reforma laboral, la emergencia en discapacidad, las dificultades económicas de las familias y el financiamiento de la educación pública.
Internaciones y criterios de riesgo
Revelles discute tres argumentos que, según señala, suelen presentarse para respaldar la reforma: que la ley vuelve excepcionales o imposibles las internaciones, que estas solo pueden realizarse con el consentimiento de la persona y que requieren una orden judicial. Afirma que la normativa vigente permite a los equipos de salud indicar una internación involuntaria si evalúan que existe un “riesgo cierto e inminente” y que no hay otras alternativas de cuidado para proteger a la persona o a terceros.
La internación involuntaria no requiere el consentimiento del paciente, pero implica una restricción de la libertad y debe basarse en una evaluación de su situación psíquica y contextual, subraya la psicóloga. En su análisis, el criterio de “riesgo cierto e inminente” busca evitar anticipaciones apoyadas en la futurología, la criminalización o el uso de antecedentes de salud como si fueran antecedentes penales.
El proyecto, según Revelles, propone sustituir esa categoría por la de “situación de riesgo grave”. La psicóloga advierte que el cambio podría reinstalar una idea de peligrosidad con el argumento de prevenir daños. También reconoce que una crítica al criterio actual es su falta de precisión técnica y el margen de interpretación profesional, aunque sostiene que ninguna práctica clínica está completamente libre de la perspectiva de quien la ejerce.
Financiamiento y alcance de la ley
Otro aspecto que destaca Revelles es que el Estado nacional dejaría de tener la obligación de garantizar a las provincias una partida presupuestaria preestablecida para atender la salud mental. Vincula esa modificación con el desfinanciamiento que, afirma, ya afecta a las RISAM y al plan Remediar.
Sin desconocer las falencias del sistema, señala que la Ley 26.657 establece destinar a salud mental el 10% del presupuesto total de salud, una proporción que —según afirma— históricamente no se cumplió. Para 2026, presenta una cifra inferior al 2% para el área, en un contexto que describe como de malestar generalizado y en el que una persona muere por suicidio cada 14 horas.
Revelles advierte que, si el sistema público no logra responder a la demanda y los dispositivos alternativos y las disciplinas no médicas dejan de integrar las propuestas terapéuticas financiadas por el Estado, podría ganar terreno una atención privada y centrada en la psiquiatría. Su planteo defiende la salud mental como un derecho y destaca que los padecimientos también están vinculados con condiciones sociales y políticas.
