Paulo Álvarez fue imputado como presunto autor material del crimen de Natalia Giménez, asesinada a puñaladas el 26 de septiembre en su casa del barrio Tablada. A la vez, la Fiscalía investiga si el ataque pudo estar relacionado con los reclamos por una deuda de un préstamo usurario que la víctima recibió días antes.
La fiscal Paula Barros explicó este lunes que la acusación contra Álvarez se basa, entre otros elementos, en el seguimiento de sus movimientos mediante cámaras del sistema Lince. Las imágenes lo registraron a primera hora del sábado en la vivienda de Giménez, ubicada en Abanderado Grandoli al 3800. Había llegado en bicicleta.
La reconstrucción indica que llevaba una campera, una mochila y un casco, que se puso antes de entrar. Permaneció unos diez minutos en la casa. Al salir, tenía el casco puesto y llevaba la mochila, pero ya no tenía la campera. Luego se alejó en bicicleta y volvió a su domicilio de Villa Gobernador Gálvez. Fue detenido dos semanas después, en una serie de allanamientos.
Barros confirmó que Álvarez y Giménez eran primos y habían tenido una relación sentimental que terminó unos dos meses antes del crimen. Los hijos de la víctima conocían ese vínculo. Desde el hallazgo del cuerpo, la causa se tramita bajo el protocolo de femicidio.
La deuda bajo análisis
Los hijos y otros familiares de Natalia declararon que ella había recibido reclamos de pago durante la semana anterior al crimen. A partir de esos testimonios, los investigadores analizaron un préstamo que Giménez había obtenido meses antes de Germán “Pelado” Carrizo, detenido en la Unidad Penitenciaria N° 6.
Según consta en la causa, la mujer recibió $400.000 y debía devolver $800.000. Sin embargo, los intereses llevaron el monto reclamado a casi tres millones de pesos. Los pedidos de pago ocurrieron entre el 20 y el 24 de septiembre. Durante la investigación, la Fiscalía halló el nombre de Giménez en una lista de 54 personas que Carrizo tenía dentro de la cárcel. Las anotaciones incluían teléfonos, el capital prestado y las sumas reclamadas para cancelar las deudas.
Los investigadores sostienen que Carrizo se dedicaba habitualmente a prestar dinero con la colaboración de su pareja, Stella Maris P., de 36 años, quien se comunicaba con los deudores. Barros indicó que ambos utilizaban distintas líneas telefónicas para hacer los reclamos. Carrizo y su pareja fueron imputados el viernes pasado, en la misma investigación en la que se acusó a Álvarez.
Por el momento, la proximidad entre los reclamos de pago y el crimen es una circunstancia que continúa bajo análisis. La Fiscalía señaló que aún no cuenta con pruebas suficientes para sostener que Álvarez actuó por orden del prestamista. La posible conexión entre las dos líneas de investigación sigue abierta.
