La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) abrió una segunda etapa de retiros voluntarios. La Resolución 1220/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece que quienes acepten el retiro no podrán volver a incorporarse ni prestar servicios, bajo ninguna modalidad, en el Sector Público Nacional durante cinco años.
El nuevo llamado da continuidad al programa que comenzó a fines de enero, con la Resolución 118/2026. En esa primera etapa hubo 609 adhesiones sobre un universo estimado de 900 agentes. De acuerdo con los últimos datos del Indec, la dotación pasó de 5.704 empleados en noviembre de 2023 a 4.191 en agosto de 2026, una caída del 26,5%.
El régimen establece tres alternativas de compensación, calculadas sobre el haber bruto remunerativo del mes anterior a la entrada en vigencia de la medida. Una reconoce el 90% de un haber de egreso por cada año de antigüedad, con un máximo de 24 años computables. Otra contempla el 85% por año, también hasta 24 años, e incluye una cobertura asistencial equivalente a 12 meses de aportes y contribuciones de obra social.
La tercera modalidad está destinada al personal de 64 años o más que no reúna los aportes jubilatorios necesarios. En ese caso se aplica el cálculo de la primera alternativa, pero la antigüedad computable se limita a 12 años.
La gratificación se abonará en cuotas fijas, iguales y consecutivas, según el monto: hasta $10 millones, en una cuota; entre $10 millones y $20 millones, en tres cuotas mensuales; entre $20 millones y $30 millones, en cinco; y por encima de $30 millones, en ocho cuotas mensuales. Para el cálculo se consideran el sueldo básico, la zona, la antigüedad y los adicionales remunerativos. Quedan excluidos las horas extras, los viáticos, el desarraigo y los conceptos no remunerativos.
La adhesión tiene restricciones. No podrán participar quienes tengan antecedentes penales, estén alcanzados por procedimientos disciplinarios o hayan iniciado el trámite jubilatorio. Tampoco podrán hacerlo las personas de 64 años o más, excepto si no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse. Quienes mantengan litigios laborales contra la DNV deberán desistir de ellos; el personal con mandato sindical vigente tendrá que renunciar al cargo y a la tutela sindical.
El Gobierno fundamentó el programa en la necesidad de asegurar «la razonabilidad operativa y el uso eficiente de los recursos públicos, así como el establecimiento de una dotación acorde con las necesidades funcionales del organismo».
La iniciativa coincide con el traspaso de rutas a las provincias y la concesión por peaje de más de 9.000 kilómetros de corredores viales. ATE y otras organizaciones sindicales sostuvieron que el plan busca privatizar el mantenimiento de las rutas nacionales. La DNV había sido disuelta por el Decreto 461/2025, pero la Justicia suspendió esa decisión tras protestas y presentaciones gremiales.