El gobernador Maximiliano Pullaro defendió las medidas de control penitenciario de su gestión y cuestionó a sectores de la Justicia, a los que responsabilizó por permitir que se organizaran delitos desde las cárceles. En un acto realizado este miércoles en la ciudad de Santa Fe, criticó lo que llamó el “garantismo bobo” y la “justicia ingenua”. También sostuvo que desde el 10 de diciembre de 2023 “manda la ley y el orden”.
Durante la ceremonia en el Estadio Invencible, se formalizaron los ascensos de 300 agentes del Servicio Penitenciario al grado inmediato superior, con vigencia desde enero de 2026. También se anunciaron los ascensos del personal de planta permanente del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip), efectivos desde enero de 2025. Participaron el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri.
Pullaro vinculó la realización de los Juegos Suramericanos 2026 con la mejora de las condiciones de seguridad y reconoció el trabajo de integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario. Según los datos que presentó, en el mismo período de 2023 se habían registrado 344 homicidios en la provincia, frente a 128 en este año. Afirmó que para encontrar un número similar hay que remontarse a 1996.
El gobernador calificó el plan de obras penitenciarias de su administración como “la inversión más grande de la historia en materia de infraestructura penitenciaria”. Detalló que contempla cinco cárceles nuevas, con 3.700 celdas, y sostuvo que durante los cuatro años de gestión la construcción llegará a 4.000 celdas adicionales. “Estamos convencidos que quien controla la cárcel, controla la calle”, dijo al referirse a las obras y a las medidas para impedir que organizaciones criminales dirijan delitos desde los penales.
Las críticas más duras estuvieron dirigidas a funcionarios judiciales. Pullaro sostuvo que durante años predominó “una mirada del garantismo bobo, de la justicia ingenua, que creía que los delincuentes eran víctimas y no victimarios de la sociedad”. Según planteó, ese enfoque permitió que personas detenidas conservaran la capacidad de ordenar homicidios, extorsiones y otros delitos desde los lugares de encierro.
Como antecedente, recordó las disputas judiciales que enfrentó cuando era ministro de Seguridad por las restricciones al ingreso de alimentos a las cárceles. Mencionó los hábeas corpus que su gestión perdió y afirmó que algunos funcionarios judiciales no comprendían las dificultades del trabajo penitenciario ni las consecuencias de sus resoluciones.
El mandatario aseguró que mantendrá esa orientación y que quienes cometan delitos deberán cumplir las penas impuestas. Sin embargo, advirtió que la situación todavía no está resuelta: “No hemos ganado ninguna batalla”, señaló, y agregó que “las organizaciones criminales están contenidas, pero no están terminadas”. También convocó a sostener las políticas de control “con mucha determinación y vocación”.
Al cierre, describió el presente provincial como “un proceso de construcción de seguridad pública” con respeto por las garantías constitucionales. “En Santa Fe, desde el 10 de diciembre del 2023, manda la ley y el orden”, concluyó.
