El gobernador Maximiliano Pullaro defendió el paquete de leyes de seguridad que envió a la Legislatura santafesina y anticipó que presentará más iniciativas. Lo hizo este miércoles, durante un acto de ascenso de 300 agentes penitenciarios en la capital provincial. También rechazó las objeciones sobre la constitucionalidad de las propuestas y advirtió que las organizaciones criminales siguen activas.
“Nosotros necesitamos más herramientas”, afirmó Pullaro. Y agregó: “Vamos a mandar más leyes a la Legislatura para pedirle más herramientas porque las necesitamos”. Frente a los cuestionamientos a algunas medidas, aseguró: “Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional”.
Para respaldar su planteo, comparó las cifras de homicidios y adjudicó la baja a las políticas de su gestión. “Hace tres años a esta altura, teníamos 344 homicidios en la provincia de Santa Fe; hoy tenemos 128”, señaló. Sin embargo, remarcó que “las organizaciones criminales aún están activas en la provincia de Santa Fe” y afirmó que la intervención estatal las mantiene “contenidas”.
El paquete en debate busca ampliar atribuciones policiales y fiscales e incorporar herramientas procesales. Incluye la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial si se comprueba que una persona lleva armas u otros materiales controlados en la vía pública y hay indicios de que guarda más elementos en su domicilio. También habilitaría a la Policía a interrogar a sospechosos y a los fiscales a entrevistar a personas vinculadas con un hecho antes de que se formule una imputación.
Las iniciativas prevén juicios en ausencia para imputados que se fuguen o no se presenten pese a haber sido notificados, y decretos penales para casos con penas leves y pruebas contundentes. Además, proponen crear zonas de intervención policial especial ante aumentos sostenidos de la criminalidad y permitir el derribo de búnkeres por orden fiscal en circunstancias excepcionales. El paquete también contempla ampliar las facultades de inteligencia y el programa de recompensas.
Pullaro cuestionó a sectores de la abogacía penal que objetaron la constitucionalidad de las reformas y les atribuyó intereses vinculados con la defensa de personas acusadas de narcotráfico, sicariato y otros delitos. También reiteró sus críticas a algunas decisiones judiciales con la expresión “garantismo bobo”. “Por supuesto que se respeten todas las garantías constitucionales, pero primero y ante todo que se aplique la ley”, sostuvo.
El gobernador recordó su paso como ministro de Seguridad y los hábeas corpus que perdió cuando intentó limitar el ingreso de alimentos a las cárceles. También defendió la construcción de nuevas unidades penitenciarias, en especial la destinada a detenidos de alto perfil. Según afirmó, antes de su gestión había presos que daban órdenes desde los penales para cometer homicidios, extorsiones y robos.
Además, respaldó la renovación de la Corte Suprema provincial y destacó el diálogo institucional que, según dijo, permitió proponer seis nuevos integrantes. Reclamó una Justicia más moderna y un uso más eficiente de los recursos estatales. Al cierre, reconoció la tarea del personal policial y penitenciario, aunque advirtió que el trabajo continúa: “No hemos terminado con las organizaciones criminales”.
