José Luis Espert fue procesado sin prisión preventiva en una causa que investiga el presunto lavado de los 200.000 dólares que recibió en 2019 del empresario Federico “Fred” Machado. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó además un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país.
La resolución también comprende al contador del ex diputado nacional libertario, Mariano Cosentino, señalado como presunto partícipe necesario, y a Varianza S.A. La investigación busca establecer el origen de los fondos, la forma en que ingresaron y el destino que tuvieron.
La acusación sostiene que un contrato de asesoramiento habría servido para respaldar la transferencia y justificar dinero de origen ilícito. El acuerdo habría sido con Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala que el expediente atribuye a Machado. Para los investigadores, parte del dinero recibido por Espert habría sido utilizado en la compra de vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda, entre otras operaciones.
Los antecedentes de la causa describen otros vínculos entre Machado y Espert relacionados con la actividad política del exlegislador. El empresario le prestó un avión privado que se usó en más de 30 vuelos vinculados con la campaña presidencial de 2019, participó en la presentación de un libro y le proporcionó un vehículo blindado. Machado está detenido en Estados Unidos, donde se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, dentro de un acuerdo que contempló desestimar la acusación por narcotráfico.
En paralelo, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó esta semana los planteos de la defensa contra medidas de prueba promovidas por el fiscal Rodolfo Domínguez. Los abogados cuestionaron sus atribuciones para ordenar diligencias después de la declaración indagatoria, la recepción de testimonios sin aviso previo y los pedidos de información patrimonial sobre Espert, su pareja y otras personas.
La defensa también objetó la incorporación de informes de inteligencia reservados, a los que aseguró no haber accedido, y los peritajes de celulares y otros dispositivos secuestrados. Sostuvo que no había podido designar un perito de parte. Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones entendieron que las actuaciones respetaron las normas vigentes y que no había irregularidades que afectaran derechos constitucionales.
El tribunal desestimó, además, el pedido para apartar al fiscal Domínguez. Los representantes de Espert alegaron que había perdido objetividad y manifestado un interés ajeno a la investigación, pero la Cámara rechazó ese planteo.
Con estas decisiones, quedaron desestimados los cuestionamientos a las medidas probatorias y a la actuación del fiscal. La causa sigue abierta para determinar si el contrato de asesoramiento se utilizó para dar apariencia legal a los fondos atribuidos a Machado y cuál fue su destino. Espert continúa procesado y sujeto a restricciones patrimoniales y migratorias.
