La Cámara de Diputados de Santa Fe resolvió postergar siete días el debate del proyecto Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Las diferencias entre radicales y socialistas sobre las nuevas atribuciones para policías y fiscales dejaron al oficialismo sin un dictamen acordado.
La sesión del jueves comenzó cerca de las 16, luego de una mañana de negociaciones, y pasó poco después a un cuarto intermedio. Como no se logró una redacción con los apoyos necesarios, el oficialismo pidió una nueva preferencia para tratar la iniciativa dentro de una semana. La definición llegó pese a las gestiones de los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, que el miércoles se habían reunido con legisladores de Unidos para defender la propuesta del Ejecutivo.
El proyecto, presentado en mayo, modifica normas sobre investigación penal, facultades policiales y fiscales, y funcionamiento del sistema penitenciario. Entre los puntos discutidos está la posibilidad de ampliar los casos en los que se permiten allanamientos sin autorización judicial previa, en particular en procedimientos vinculados con armas y con la localización de teléfonos robados.
El alcance de esas atribuciones y los controles para aplicarlas concentran las diferencias en la coalición. El radicalismo considera que los cambios mejorarían la respuesta frente al delito, mientras que sectores socialistas reclaman precisiones para evitar actuaciones discrecionales y resguardar las garantías constitucionales. También se debate cómo recibir declaraciones durante las investigaciones y si se crearán zonas de intervención policial especial.
La iniciativa contempla, además, condiciones de detención más estrictas para personas consideradas de alta peligrosidad, incluida la posibilidad de establecer períodos de aislamiento sin visitas. Durante las consultas legislativas participaron la Corte Suprema de Justicia provincial, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, colegios de abogados de Santa Fe y Rosario, especialistas en derecho penal y organizaciones civiles. Hubo distintas posturas sobre las herramientas y sus mecanismos de control.
El bloque Somos Vida también expresó reparos. El diputado Emiliano Peralta afirmó que su espacio no respaldaría el mensaje original, aunque podría acompañar en general una versión modificada. Cuestionó el procedimiento por decreto penal y propuso que medidas como el derribo de inmuebles vinculados con el microtráfico queden a cargo de un tribunal, a pedido del fiscal. También pidió que los juicios en rebeldía se limiten a delitos especialmente graves o complejos.
Desde el peronismo, Lucila De Ponti vinculó la postergación con la falta de acuerdo en el oficialismo y cuestionó la constitucionalidad de varios artículos. Advirtió que una eventual aprobación podría derivar en impugnaciones judiciales y planteó que el fortalecimiento de la persecución del delito no debe vulnerar derechos y garantías.
Mientras el proyecto principal quedó pendiente, Diputados aprobó la ley de intervención de mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos, destinada a combatir la venta ilegal de celulares, y una modificación de la normativa del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. El diputado radical José Corral definió ambas medidas como “herramientas necesarias para seguir avanzando en el combate del delito”.
A comienzos de la semana, Corral había señalado que en Unidos existía un compromiso político para aprobar la reforma el jueves, aunque admitió que persistían diferencias internas. “Tenemos que darle al gobernador estas herramientas que pide para seguir mejorando la seguridad”, había dicho. Las conversaciones no alcanzaron para cerrar un acuerdo y el oficialismo tendrá una semana más para consensuar cambios antes de volver al recinto.
