Maricarmen Abascal tenía 87 años y había vivido durante 71 en el mismo departamento del barrio de Retiro, en el centro de Madrid. Allí compartió su vida con sus padres y permaneció hasta el desalojo.
El contrato de alquiler había sido firmado por su familia en 1956. Primero pasó a su madre y luego a Maricarmen, quien pagó la renta durante décadas. En 2018, un fondo de inversión compró el edificio y comenzó una disputa por la continuidad del contrato. Dos años después, le comunicaron que el nuevo alquiler superaría el monto de su jubilación.
El 23 de septiembre la desalojaron. Tenía problemas de movilidad y, después del procedimiento, la trasladaron en camilla a un hospital. Murió el 7 de octubre, 15 días más tarde.
El caso provocó protestas, concentraciones y reclamos en España, y volvió a poner en discusión las dificultades para acceder a una vivienda. También se debatió el impacto de los alquileres turísticos: en ciudades como Madrid, un departamento puede generar más rentabilidad si se ofrece por noches a visitantes que si se alquila por mes para residencia. El modelo de Airbnb quedó así en el centro de la discusión sobre la disponibilidad de viviendas para quienes viven en la ciudad.
La historia también se relacionó con la situación argentina. La Ley de Alquileres rigió hasta fines de 2023 y, cuando se escribió este relato, el país llevaba casi tres años sin esa norma. En ese momento, inmobiliarias y propietarios destacaban un aumento de la oferta, mientras que los inquilinos advertían que debían destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos a buscar vivienda.
