Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, reclamó que la Legislatura avance con el paquete de reformas de seguridad que el Ejecutivo envió en mayo. El pedido llegó después de que la Cámara de Diputados aplazara una semana el debate por diferencias sobre las nuevas facultades policiales y fiscales. “Ya no hay margen, porque los violentos no esperan”, afirmó.
Angelini habló en una conferencia de prensa en Rosario, convocada para informar sobre dos intervenciones policiales por violencia de género en las que se usaron pistolas Taser. Sostuvo que el gobierno de Maximiliano Pullaro necesita nuevas herramientas para sostener los resultados en seguridad y responder a la reorganización de las bandas delictivas.
“Con el primer paquete de leyes hemos avanzado y reducido drásticamente la violencia. Hoy los rosarinos vivimos con mucha más tranquilidad”, dijo. Sin embargo, advirtió que la situación no está resuelta: “Sabemos que las bandas están reorganizándose y esperando el momento de volver a atacar. Por eso necesitamos este paquete de leyes”.
El funcionario afirmó que los legisladores contaron con cinco meses para analizar la propuesta, hacer observaciones y proponer cambios. “Los violentos no esperan: atacan. Tenemos que tener respuestas preventivas, como lo hace muy bien nuestra Policía, e investigativas, como también lo hace muy bien la Policía de Investigaciones”, sostuvo.
El día anterior, el oficialismo no había conseguido acordar un dictamen para tratar el proyecto de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública. Las diferencias entre radicales y socialistas de Unidos llevaron a solicitar una nueva preferencia para debatirlo la semana siguiente. Las gestiones de los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni no lograron reunir los apoyos necesarios.
La propuesta incluye modificaciones en la investigación penal, las atribuciones de policías y fiscales y el sistema penitenciario. Entre los puntos en discusión figuran ampliar los casos en que pueden realizarse allanamientos sin autorización judicial previa, establecer condiciones para recibir declaraciones durante las investigaciones, crear zonas de intervención policial especial y endurecer el régimen de detención para personas consideradas de alta peligrosidad.
Las objeciones apuntan a los límites de esas facultades y a los controles para aplicarlas. Sectores socialistas reclaman precisiones para evitar decisiones discrecionales y resguardar las garantías constitucionales. El peronismo y el bloque Somos Vida también objetaron distintos artículos. Aunque no hubo acuerdo sobre la reforma principal, Diputados aprobó otras iniciativas, entre ellas una ley para combatir los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos.
Angelini relacionó los resultados en seguridad con la capacitación y formación policial que comenzó en diciembre de 2023. “Hoy tenemos una mejor Policía de Santa Fe. Los resultados son fruto del gran trabajo que hacen”, afirmó. Y reiteró su pedido a los legisladores: “Hay mucho camino por transitar y las medidas que estamos pidiendo a la Legislatura nos van a ayudar”.
El subsecretario de Atención a la Emergencia, Pablo Polito, detalló que las intervenciones con pistolas Taser ocurrieron en Ameghino al 3600 y en avenida El Rosario al 2400. En ambos procedimientos por violencia de género, indicó, los agentes aprehendieron a los sospechosos y pusieron a salvo a las víctimas.
Polito señaló que los dispositivos, considerados de baja letalidad, permiten aplicar la fuerza de manera gradual ante situaciones de agresividad que ponen en riesgo a terceros. Explicó que los agentes deben intentar primero dialogar e instar a la persona a deponer su actitud y que, después de reducirla con el arma, personal del SIES debe constatar su estado de salud. “En estas dos situaciones, la Policía llegó rápidamente al lugar y pudo evitar que los hechos pasaran a mayores”, sostuvo.
