El proyecto de Presupuesto 2027 de Santa Fe prevé gastos por $18,87 billones y un resultado financiero positivo de $919 millones. La gestión de Maximiliano Pullaro presentó el equilibrio fiscal como eje de la propuesta, que asigna recursos a seguridad, educación, salud y obras públicas. El margen entre ingresos y gastos es acotado y el resultado dependerá de la recaudación, los precios y las necesidades de gasto durante el próximo año.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, expuso los lineamientos y defendió una administración basada en la austeridad y la eficiencia. “Procuramos hacer más con los mismos recursos”, afirmó. El cálculo estima ingresos por $18,88 billones, un crecimiento económico del 4% y una inflación promedio anual del 21,1%. También proyecta una variación de precios del 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027, y un dólar a $1.847,60 al cierre del ejercicio.
La recaudación es uno de los puntos que condicionan esas proyecciones. En una entrevista posterior, Olivares sostuvo que los ingresos provinciales todavía están por debajo de los niveles de 2023 en términos reales: por cada $100 recaudados ese año, en 2026 ingresan $85 una vez descontada la inflación. El ministro también anticipó que 2027 será un año desafiante para las finanzas de la provincia.
Entre las partidas previstas, el proyecto destina $3,98 billones a educación, cultura y deporte; $2,34 billones a seguridad; $1,80 billones a salud; $1,92 billones a infraestructura productiva y $2,13 billones a obras públicas. La presentación no ofreció una comparación homogénea con el gasto ejecutado o previsto para el cierre de 2026. Con la información difundida, por lo tanto, no se puede establecer si cada área contará con más o menos capacidad de gasto frente a la inflación.
El esquema calcula un ahorro corriente de $2,27 billones, que permitiría financiar el 93% de los gastos de capital, estimados en $2,45 billones. Ese ahorro corresponde a la diferencia entre ingresos y gastos corrientes y se aplicaría principalmente a inversiones. No debe confundirse con el resultado financiero positivo de $919 millones, que contempla el conjunto del presupuesto y representa alrededor del 0,005% del gasto total. Una desviación relativamente pequeña de las previsiones podría modificar ese saldo.
La iniciativa propone crear el Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina, que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. El proyecto prevé asignar la totalidad de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural a infraestructura utilizada por el sector agropecuario, con participación de sus actores en el monitoreo. Aún resta conocer cuánto dinero reunirá el fondo, cómo se distribuirá en el territorio y qué mecanismos se usarán para definir y controlar las obras.
La exposición tampoco precisó qué pauta salarial se incorporó al cálculo ni cómo se atenderían eventuales necesidades de recomposición de los trabajadores públicos. Ese dato incide en la evaluación del ahorro proyectado y de los recursos para servicios como educación, salud y seguridad. La falta de precisiones no permite afirmar que haya un recorte, aunque deja pendiente una parte del análisis.
En paralelo, el Ejecutivo prepara la Ley Tributaria 2027. Olivares adelantó que no prevé modificaciones en las alícuotas, aunque aclaró que eso no implica que los importes de los impuestos provinciales vayan a mantenerse sin cambios. Las actualizaciones y otras disposiciones se conocerán con el proyecto, que completará el detalle de los recursos previstos.
En materia de deuda, el ministro informó que desde diciembre de 2023 hasta este viernes se cancelaron $338.844 millones. Indicó que el monto acumulado llegará a $568.370 millones al finalizar 2027 y que se utilizó el 37% del endeudamiento autorizado. Para evaluar la situación de forma integral también queda considerar el stock de deuda, los vencimientos futuros y su composición por moneda.
El proyecto ingresará a la Legislatura por el Senado, donde se debatirán las previsiones de ingresos, la distribución de las partidas y las condiciones para sostener las inversiones anunciadas. La discusión deberá abordar cómo compatibilizar el equilibrio fiscal con las demandas salariales, el funcionamiento de los servicios públicos y la ejecución de las obras.
